Temblor en la tierra y la política que no para
Mi pana, el 11 de octubre la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) reportó varios sismos en el país, con magnitudes entre 2.3 y 3.7. Nada grave, pero ojo, que la tierra anda movida por la interacción de las placas del Caribe y Sudamérica. FUNVISIS recomienda mandar mensajes de texto y no llamar para evitar saturar las líneas. Mientras tanto, en Nueva York, Nicolás Maduro desde la prisión en Brooklyn lanzó un mensaje bien desafiante, diciendo que «la mentira y la injusticia serán vencidas» y pidió seguir en oración y acción. El juicio contra él arranca en junio de 2027, así que la cosa está caliente.
Economía y acuerdos que buscan alivianar la vaina
El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa de cambio oficial en 876,7976 bolívares por dólar para el 13 de octubre, subiendo un poquito, pero la inflación sigue pegando duro con un aumento interanual del 349%. Por otro lado, Jorge Roig, del Consejo de la OIT, está optimista con que Gobierno, empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo para mejorar los salarios y condiciones laborales, proponiendo una «Ley de Consensos Laborales y Sociales» para arreglar la vaina temporalmente. En el sector petrolero, Pdvsa quiere subir la capacidad de refinación a 600.000 barriles diarios para 2027, casi el doble de lo que procesa ahora, gracias a acuerdos con multinacionales que le están dando más materia prima.
Detenciones y justicia en el ojo del huracán
En Barinas, detuvieron a Marlon Maya, abogado y miembro de Vente Venezuela, sin orden judicial, lo que ha encendido las alarmas sobre la persecución política en el país. La ONG Fundehullan exige su libertad inmediata y respeto a sus derechos. Además, la DEA trasladó a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, de una cárcel venezolana a Florida para enfrentar cargos por lavado y fraude con las Cajas Clap. Y en el tema judicial, se publicó la lista de 127 postulados para el Comité de Postulaciones Judiciales, con esperanza y reservas sobre la imparcialidad de los futuros miembros que elegirán a los magistrados del TSJ. La Asamblea Nacional tiene la última palabra para juramentar a los representantes de la sociedad civil y garantizar que la justicia no sea un juego político más.