Movidas en el Gobierno y la política española
En España la cosa está movida con la dimisión de dos peces gordos del Ministerio de Exteriores, Xavier Martí y María Luisa Benítez-Donoso, justo cuando el Gobierno y el Tribunal Supremo se están pelando por la Ley de Nietos que afecta a más de 160 mil personas. Martí se fue para embajador en Filipinas, y Benítez-Donoso también tiene nuevo destino diplomático, mientras el ministro Albares se pone las pilas para cumplir con las órdenes del Supremo. Por otro lado, Vox anda querellándose contra Adriana Lastra por los líos en un acto de Abascal en Avilés, pero ojo, que ella ya no era la delegada del Gobierno cuando pasó todo eso. Adriana no se queda callada y les recuerda que el BOE dice la verdad y que no le van a intimidar con querellas.
Noticias tristes y homenajes
Nos dejaron dos figuras importantes: Guillermo Álvarez-Pickman, el famoso ‘Tío Willy’ de Sotogrande, un tipo querido y con sonrisa siempre, y Tomás Santos Munilla, exalcalde socialista de Logroño, que se fue a los 75 años tras una larga enfermedad. Ambos dejaron huella en sus comunidades y recibieron muestras de cariño y respeto. En otro plano, el Tribunal Constitucional se puso serio y admitió el recurso del PP contra la ley navarra que protege las viviendas de protección oficial, un tema que afecta a más de dos mil casas y que puede cambiar las reglas del juego en Navarra.
Dinero, patrimonio y seguridad en la mira
En plena precampaña electoral, salió a la luz el patrimonio de Irene Montero, con un sueldo de eurodiputada de más de 135 mil euros brutos al año y un chalet en Galapagar que compró con Pablo Iglesias. La cosa está candente porque ella va como candidata de Podemos para las elecciones del 29N. Mientras tanto, la Policía Nacional investiga un robo de información sensible del PP de Madrid en un despacho de abogado, con discos duros y memorias desaparecidas justo a un mes de las elecciones, lo que tiene a todos pendientes de cómo se va a desenredar ese lío.
Vivienda asequible: el Gobierno mete la mano
Para ponerle un poco de calma, el Gobierno aprobó 201 millones de euros para construir 2.500 viviendas asequibles con la ayuda de promotores privados. La idea es que el alquiler no se lleve más del 30% del ingreso familiar y que los contratos duren hasta 75 años si hace falta. Esto forma parte de la Ley de Vivienda y busca que más gente pueda tener un techo digno sin que le explote el bolsillo. Además, hay plata para mejorar la Formación Profesional y apoyar el deporte, y para ayudar a las zonas afectadas por emergencias. Así que, pana, en España hay de todo: cambios, líos, despedidas y también esperanza para la gente que busca casa.
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