Lo que está pasando en España: vivienda, seguridad y clima en el ojo del huracán

El decreto Maricarmen y la lucha por la vivienda

En la gala de los Premios La Vanguardia, Amaia le soltó al que manda en España un cartel con el mensaje «decreto Maricarmen», justo cuando miles estaban afuera pidiendo que se apruebe íntegro ese decreto que busca frenar desahucios y regular alquileres. Este gesto se dio en medio de la presión social tras el desahucio de Maricarmen y la acampada en Sol, donde Fernando de los Santos, un profe universitario y familiar de un exministro, se ha vuelto la voz de la protesta. Además, la movida por la vivienda no para: en Sevilla ya hay acampada y en Málaga la poli está echando broma para evitarla. Todo esto apunta a que el Consejo de Ministros del martes va a estar candela con el tema.

Seguridad y conflictos laborales en el transporte público

En Bilbao la cosa está tensa: un maquinista del Metro fue agredido a plena luz del día en Astrabudua, con un corte en el labio. El sindicato CC OO está alzando la voz y Metro Bilbao reconoce que la gente anda más irritable desde la pandemia. Para ponerle freno, van a dar formación en protección personal a 500 trabajadores, pero los vigilantes ya amenazan con paros si no les hacen caso. La seguridad del personal está en el tapete y la cosa no pinta fácil.

Accidentes y emergencias: tragedia en la A-8 y lluvias que no dan tregua

Una familia venezolana sufrió un golpe brutal en Ribadeo: una pareja y su hija de 13 años murieron tras chocar contra un pilar en la A-8, y un joven familiar quedó grave en la UCI. Los servicios de emergencia siguen en alerta, mientras que en el norte de Cáceres, Cataluña y Comunidad Valenciana las lluvias intensas activaron alertas y planes de emergencia. La gente está pendiente porque el temporal sigue y los mensajes de alerta no paran de sonar, pidiendo prudencia y evitar desplazamientos.

Política migratoria y farmacia rural: cambios y desafíos

En Ceuta, el Gobierno quiere acelerar las devoluciones de migrantes eliminando a ACNUR del proceso de asilo, lo que ha generado críticas por reducir garantías. Mientras tanto, en Zaragoza, el Colegio Oficial de Farmacéuticos pide apoyo urgente para evitar el cierre de cinco farmacias rurales, que afecta a la salud en pueblos pequeños. Proponen una nueva ley para darle vida a la farmacia rural y asegurar el relevo generacional.

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